El desaguisado de Cuarte

Sobre la situación de conflicto abierto en Cuarte de Huerva en torno al colegio Ánfora, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública quiere manifestar lo siguiente:

1. En primer lugar nos congratulamos de que la nueva Administración haya puesto a disposición del público el expediente relativo a la creación y concertación de ese centro. Algo que fue solicitado a la consejería anterior, tanto por vía parlamentaria como por los diferentes mecanismos institucionales existentes y nunca se obtuvo.

La información a la vista de todos es un requisito previo para alcanzar soluciones justas y razonables. Esperamos que dicho ejercicio de transparencia no sea un hecho aislado y se convierta en práctica habitual de la administración.

2. El acceso a la información pública no ha hecho más que confirmar lo que noticias parciales nos llevaban a intuir: que se trata de un proceso plagado de irregularidades. Que se incumple el RD 332/1992 sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, así como diferentes artículos del RD 2377/1985 que establece el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, y hasta la propia orden de 30 de diciembre de la Consejería de Educación por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos, curso 2015/16.

3. Si bien cualquier persona puede errar o valorar de modo equivocado normas y procedimientos, la conjunción de:

a) irregularidades jurídicas y prácticas administrativas orientadas todas en la dirección de facilitar la apertura inmediata del centro y el concierto

b) decisiones político-administrativas tendentes a dilatar la construcción de los centros públicos que la localidad necesitaba de forma notoria

c) la reducción de la oferta de plazas en los centros públicos en la convocatoria de 2015, a la vez que se ofrecen vías adicionales en el proyecto de centro

d) la aparición en los medios de comunicación de una trama corrupta que obtenía beneficios de la construcción de centros privados que, con la garantía de los fondos públicos proporcionados por la administración, eran colocados entre “cooperativistas” y que resulta ser muy similar a lo que se está viendo en Cuarte, acompañada del retiro a segundo plano de los nombres y marcas vinculadas al sumario y

e) el ocultamiento de la información por parte de la administración.

Todo ello, considerado en su totalidad, nos conduce a concluir que el desaguisado generado tenía o tiene beneficiarios y cooperantes necesarios que a día de hoy se desconocen y que las autoridades competentes deben investigar y desvelar.

4. La probabilidad de que el mencionado centro no estuviera disponible en fecha no era descartable cuando se programó el curso 2015-16. En consecuencia fue una decisión claramente irresponsable dejar la escolarización de una parte importante de la sociedad al albur de una iniciativa privada. Menos mal que buena parte de la población no siguió los caminos por los que se pretendía que acabaran transitando “libremente” y el problema de escolarización generado es hoy limitado. Difícil pero resoluble, aunque con costes sociales y personales que hubieran podido evitarse con otro proceder.

5. A fecha de hoy, la propiedad del suelo en que se asienta el colegio no pertenece al propietario del centro, lo que además de un incumplimiento de la normativa que regula la autorización de centros docentes, traslada riesgos innecesarios a la administración educativa.

6. Que consideramos positivas y en la buena dirección las decisiones tomadas en este asunto por la Consejería de Educación. En primer lugar, la legalidad debe ser cumplida en todos sus extremos, sin que una situación de hechos consumados obligue a obviarla. Así entendemos las decisiones tomadas en relación tanto a la apertura del centro como al concierto. En segundo lugar, las necesidades de escolarización de la población deben estar cubiertas a corto plazo. Y pensamos que la reubicación de los escolares en los centros públicos de la zona garantiza la escolarización, aun con los precarios medios disponibles y que la conformación jurídica del Cuarte III facilita una mejor organización de los medios educativos. En tercer lugar, la escolarización a medio plazo debe garantizarse y en ese sentido saludamos la iniciativa de agilizar la construcción del nuevo colegio público y del Instituto para que entren en funcionamiento el curso que viene.

7. Con el respeto que merecen las decisiones judiciales, no compartimos el auto 78/2015 por el que, contrariando a la fiscalía, se concede como medida cautelar la autorización provisional de apertura y funcionamiento del centro. A la espera de un mayor conocimiento, aplicamos los mismos motivos a la decisión conocida hace unas horas de suspender cautelarmente la orden de 31 de Agosto de 2015. Entendemos que el derecho a la escolarización está garantizado y que la justicia puede suspender o declarar nulos actos administrativos, pero la competencia sobre centros y conciertos corresponde al Gobierno de Aragón.

8. Para finalizar, entendemos la educación como un derecho básico de la ciudadanía, y no puede ser tratada como una fuente de beneficios privados, mucho menos inmobiliarios. Una adecuada planificación de la forma de atender las necesidades educativas de la población, realizada en colaboración con los vecinos y sus organizaciones sociales, evitará conflictos como el presente.

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